Getsemaní: patrimonio en riesgo de convertirse en decorado

Getsemaní nunca necesitó que un consejo lo nombrara patrimonio para serlo. El barrio ya cargaba consigo una memoria histórica, una identidad marcada por la resistencia y una vida comunitaria que lo distinguía dentro de Cartagena. Lo que acaba de ocurrir con su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia es apenas la formalización de algo que ya existía. Pero el problema con las declaratorias es que muchas veces llegan tarde: cuando la esencia misma de aquello que se busca proteger ya se encuentra debilitada. Ese es, precisamente, el dilema de Getsemaní.

La vida de barrio —ese concepto que parece tan simple y que, sin embargo, encierra la clave del patrimonio inmaterial— no se reduce a murales coloridos, bares llenos de turistas o festivales organizados para la foto institucional. La vida de barrio es un entramado de relaciones que se sostienen en la cotidianidad: vecinos que se saludan, familias que permanecen generación tras generación, niños que heredan juegos y músicas, abuelas que transmiten recetas, jóvenes que aprenden un oficio mirando a los mayores. Cuando esa cadena de transmisión se interrumpe, lo que queda puede seguir pareciendo barrio, pero en realidad es un escenario vacío, un decorado. Y Getsemaní está hoy peligrosamente cerca de convertirse en eso.

La cifra es contundente: en apenas dos décadas perdió más del 90 % de sus habitantes tradicionales. De más de 5.000 residentes en 2005 quedan menos de 500 en 2025. Esa reducción no se explica por un desastre natural ni por un desplazamiento armado; se explica por un fenómeno tan silencioso como brutal: la especulación inmobiliaria y el turismo masivo. Las casas se vendieron, los arriendos se dispararon, los patios se convirtieron en hostales y los balcones en habitaciones temporales. Lo que antes era un barrio intergeneracional se transformó en un territorio de paso, pensado más para visitantes que para residentes.

Aquí aparece la primera contradicción de la declaratoria: se reconoce como patrimonio precisamente aquello que está desapareciendo. No es la primera vez que ocurre. Lo hemos visto en pueblos convertidos en vitrinas turísticas, en centros históricos vaciados de población local, en comunidades desplazadas por la rentabilidad del suelo. Primero se promueve un modelo económico que convierte la cultura en mercancía, y después se intenta salvar lo que queda con un plan especial de salvaguardia. El gesto es valioso, pero insuficiente. Porque el problema no es de diagnósticos —los académicos ya lo han documentado con precisión— sino de decisiones políticas que nunca se tomaron a tiempo.

El Plan Especial de Salvaguardia (PES) de Getsemaní plantea medidas concretas: restaurar la vocación residencial del barrio, diseñar incentivos tributarios para que las familias permanezcan, articular la gestión patrimonial con los planes urbanos de Cartagena, impulsar proyectos de retorno para los getsemanicenses que fueron expulsados. Sobre el papel, todo suena prometedor. Pero quienes trabajamos en el campo del patrimonio sabemos que el papel lo aguanta todo. Lo difícil no es enunciar las medidas sino implementarlas en un contexto donde las fuerzas del mercado inmobiliario son más poderosas que cualquier reglamentación cultural.

El turismo en Cartagena, y en particular en Getsemaní, se ha convertido en un ejemplo claro de lo que podríamos llamar turismo depredador: ese que extrae valor del territorio sin devolver nada a la comunidad. Los visitantes consumen imágenes, compran experiencias de corta duración, se alojan en lugares que antes fueron hogares y se marchan dejando tras de sí un ingreso inmediato que, en la mayoría de los casos, no beneficia a los residentes tradicionales sino a inversionistas externos. Lo que queda para el barrio es un alza constante de precios y una presión cada vez más fuerte para que los pocos que aún resisten terminen yéndose. Esa es la lógica del mercado: maximizar rentas, aunque eso signifique vaciar de sentido un territorio.

“Sin comunidad no hay patrimonio. Getsemaní corre el riesgo de ser reconocido justo en el momento en que se extingue su esencia.”

En este escenario, la pregunta es si un PES tiene realmente la capacidad de revertir el proceso. La experiencia en Colombia nos obliga a ser escépticos. Muchos planes de salvaguardia se han quedado en diagnósticos, eventos culturales y discursos institucionales que poco alteran la realidad del territorio. La paradoja es que, en nombre del patrimonio, terminan alimentando la folklorización: se organiza un festival, se pinta un mural, se hace un recorrido guiado, pero mientras tanto los vecinos de toda la vida ya no están. Y sin vecinos no hay transmisión cultural posible. El patrimonio inmaterial no sobrevive en un escenario museificado: sobrevive únicamente en la práctica viva, en la comunidad que lo encarna.

Lo que ocurre en Getsemaní no es un hecho aislado. En Barichara, la compra masiva de casas por parte de extranjeros ha transformado el pueblo en un destino de fin de semana donde cada vez menos habitantes originales pueden vivir. En Villa de Leyva, la especulación ha hecho casi imposible que jóvenes locales encuentren vivienda. En Santa Fe de Antioquia, la presión turística también amenaza con vaciar el centro histórico. En San Basilio de Palenque, el riesgo no es tanto la gentrificación sino la folklorización: reducir una cultura compleja a espectáculo. En todos los casos, el problema es el mismo: se reconoce el valor patrimonial al mismo tiempo que se debilitan las condiciones que lo hacen posible.

Desde la perspectiva de un gestor cultural, la discusión no puede quedarse en el plano romántico. Se trata de poner en evidencia el núcleo del problema: el patrimonio no es un recurso ilimitado. Si se le trata como mercancía, se agota. La memoria y las prácticas simbólicas necesitan condiciones materiales para sostenerse: vivienda asequible, regulación del uso del suelo, apoyo a la permanencia de las familias. De lo contrario, los planes se convierten en declaraciones vacías, incapaces de contener la fuerza del mercado.

Nuestra posición debe ser clara: sin comunidad no hay patrimonio. Getsemaní puede tener murales, bares y turistas, pero lo que lo hace único son sus prácticas sociales históricas. El día que eso desaparezca, lo que quedará será un decorado atractivo, pero inútil para la memoria cultural de Colombia.

La declaratoria, en este sentido, no debería ser leída como un triunfo sino como un ultimátum. Estamos frente a una última oportunidad de frenar un proceso de vaciamiento que ya parece irreversible. Si el PES se convierte en una herramienta real de defensa de la comunidad, será un paso significativo. Si se queda en el archivo de los planes que nunca se cumplieron, Getsemaní pasará a ser el ejemplo más doloroso de cómo un barrio puede ser reconocido como patrimonio en el mismo instante en que se extingue su esencia.

El reto es entender que no se trata de salvar fachadas ni de maquillar estadísticas turísticas. Se trata de garantizar condiciones de vida para quienes han dado sentido al barrio. Se trata de asumir que el patrimonio cultural inmaterial no se protege con decretos ni con festivales, sino con políticas que permitan que la comunidad siga habitando su territorio. Se trata de reconocer que, en el fondo, no hay patrimonio sin gente.

Getsemaní nos devuelve a la pregunta fundamental: ¿queremos territorios convertidos en escenografías globales, o espacios habitados que siguen escribiendo su propia historia? Esa decisión la toma el Estado cuando regula, o deja de regular, el mercado inmobiliario y turístico. Y la toman también las comunidades, en su capacidad de resistir, organizarse y exigir que su memoria no sea arrasada.

Hoy, frente a la declaratoria, mi posición como gestor cultural y experto en patrimonio sibólico es simple: celebramos el reconocimiento, pero no nos engañamos. El verdadero patrimonio no está en la resolución del Consejo Nacional, está en la vida de quienes aún resisten en Getsemaní. Y si esa vida desaparece, lo que quedará será un decorado rentable, pero vacío. No hay peor destino para un barrio histórico que convertirse en un museo sin comunidad. El desafío está planteado, y el tiempo corre en contra.