La demolición de la Casa de la Cultura de Sopetrán: cuando el patrimonio es más que tapias viejas

Hay algo profundamente incómodo en ver cómo se derrumba un edificio que no solo estaba hecho de tapias viejas, sino de la memoria viva de un pueblo. Porque el patrimonio —y eso lo repito hasta el cansancio— no es un museo de paredes húmedas, ni un catálogo de fachadas bonitas, ni una maqueta plegable para el turismo de fin de semana. El patrimonio es un hilo tenso que sostiene la identidad, es el eco de quienes fueron antes de nosotros y la respiración de quienes vienen después. Por eso duele, y duele hondo, ver cómo en Sopetrán la Casa de la Cultura fue demolida sin más, casi como quien quiere madrugarle al reclamo, al debate y a la comunidad.

La demolición no es solo un acto físico. Es una manera de decir: “Esto no importa”. Es una frase lanzada con retroexcavadora que afirma que lo simbólico, lo emocional y lo comunitario no tienen el mismo peso que el ladrillo. Y ahí empieza el problema. Porque el patrimonio no se mide en metros cúbicos de adobe ni en cálculos estructurales aislados. Se mide en la forma en que un espacio construye vínculos, en la manera en que se vuelve punto de encuentro, en lo que significa para quienes lo habitan. Si un edificio que por décadas fue casa del arte, refugio de niños, sala de ensayo, escenario improvisado y ventana al mundo termina convertido en polvo por decisión administrativa, la discusión no es técnica: es ética.

La Casa de la Cultura de Sopetrán no era solo “una infraestructura afectada por un incendio”. Era un símbolo, un condensado de historias pequeñas y grandes. Era un espacio donde se respiraba esa mezcla entre tradición y modernidad que tienen los pueblos del occidente antioqueño. Un lugar donde el patrimonio inmaterial —las músicas, las palabras, los gestos, las memorias, las prácticas cotidianas— encontraba techo. Y eso no lo lee ningún diagnóstico de riesgo. Eso no cabe en un acta de demolición.

Pero aquí estamos, en un país que todavía entiende el patrimonio como si fueran “tapias viejas”, como si hubiera que derribarlo todo para empezar de cero, como si lo nuevo fuera garantía de desarrollo. Y no: la demolición de la Casa de la Cultura no solo borra ladrillos; borra posibilidades. Borra lo que pudo ser un proceso de restauración, de reconstrucción comunitaria, de resiliencia después del incendio. Borra la oportunidad de preguntarle al pueblo qué quería hacer con su propio espacio. Borra, sobre todo, la transparencia que debería existir en cada decisión pública que toca la identidad de un territorio.

Porque la falta de transparencia es quizás el punto más hiriente de este asunto. Una madrugada, unos videos en redes, una máquina trabajando sin que la comunidad supiera realmente qué estaba pasando, sin mesas deliberativas, sin explicaciones claras. Esa forma de gobernar, que decide por la gente pero sin la gente, es la que erosiona confianza. Y en temas de patrimonio, la confianza es el único pegamento que mantiene vivos los procesos sociales. Cuando se rompe, cuando la comunidad siente que fue excluida, que las decisiones se tomaron entre cuatro paredes, que todo fue hecho para evitar preguntas incómodas, ahí no hay vuelta atrás.

Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿Para quién se gobierna cuando se gobierna así? ¿Para qué intereses? Porque el patrimonio no se salvaguarda con discursos: se protege en la práctica, incluso cuando contraría agendas políticas o intereses privados. Y en este caso, la demolición de la Casa de la Cultura tiene demasiado olor a prisa, a trámite, a decisión sin matices. Demasiado silencio administrativo como para creer que lo más importante era el bienestar de la comunidad.

El patrimonio inmaterial —ese que tanto olvidan los alcaldes de turno— es el que se vio más agredido. No porque la música deje de sonar o las memorias desaparezcan, sino porque se rompió el espacio que las albergaba. El patrimonio no es solo lo que se conserva, sino también lo que se cuida colectivamente. Es la continuidad del gesto. Y cuando ese gesto se quiebra, cuando se remueve el escenario donde la cultura se representaba a sí misma, ¿qué se está diciendo? Que lo cultural es reemplazable, que se puede improvisar con una carpa o un auditorio prestado, que total todo cabe en un Excel de presupuestos.

Sopetrán tenía en esa casa un punto de anclaje. Lo que vino después —el derribo abrupto, la imposibilidad de considerar alternativas, la falta de información clara— deja la sensación de que no se demolió un edificio, sino una parte de la ciudad vivida. El patrimonio es, justamente, esa ciudad vivida: la que se construye con recuerdos, con afectos, con prácticas. Y cuando una administración decide actuar como si la comunidad fuera un estorbo, como si lo patrimonial fuera una carga, ahí lo que se perde es el sentido mismo de lo público.

Porque lo público no es lo que maneja la alcaldía. Lo público es lo que pertenece a todos. El edificio era público porque era de la gente, porque hacía parte del paisaje emocional de Sopetrán. No era un lote disponible para un proyecto ajeno, ni una ruina para desocupar. Era un símbolo, y los símbolos no se tumban tan fácil. A los símbolos hay que preguntarles qué hacer con ellos, incluso cuando están heridos. Incluso cuando están quemados. Incluso cuando la técnica diga que es difícil.

Pero aquí no hubo ese diálogo. No hubo el gesto de preguntarle a la comunidad qué quería. No hubo la transparencia mínima de mostrar estudios, alternativas, cronogramas. No hubo esa pedagogía tan necesaria cuando se toca el patrimonio. El patrimonio es delicado porque no es neutro: está cargado de sentido. Por eso no se puede intervenir sin conversación. Porque cada ladrillo tiene una historia, y cada historia pertenece a alguien.

Yo pienso mucho en la imagen de esos habitantes tratando de detener, al menos simbólicamente, la demolición. La imagen de las personas que grababan con el celular en mano, incrédulas. La imagen de la máquina entrando como si tuviera afán de borrar los rastros. Ahí está el problema: la velocidad. La prisa. La lógica administrativa que cree que mientras más rápido se ejecute una decisión, menos problemas habrá. Y no. Cuando se trata de patrimonio, la prisa siempre es enemiga de la memoria.

El patrimonio inmaterial de Sopetrán —sus tradiciones, sus fiestas, sus prácticas artísticas, su tejido comunitario— queda ahora huérfano de una casa. Y aunque las comunidades son fuertes y siguen, la pérdida simbólica es profunda. Porque en los municipios pequeños, los espacios culturales no son solo “infraestructura”: son refugios, son puntos de encuentro, son lugares donde se cocina identidad. Y esa cocina, cuando se queda sin fogón, tiene que empezar de cero.

Una cosa que me inquieta mucho es que esta demolición revela un patrón más grande: la idea de que lo patrimonial es prescindible cuando estorba a algún plan —sea político, urbanístico o privado—. La idea de que la memoria histórica se negocia. Que si un edificio representa un problema para un proyecto nuevo, se elimina. Y eso solo demuestra que en Colombia seguimos sin entender que el patrimonio no es de los gobiernos. Es del tiempo. Es de la gente. Es de la historia, que es más terca que cualquier alcalde.

Más allá del edificio, lo que desapareció fue la posibilidad de construir un proyecto cultural a partir de la memoria. No se invitó a la comunidad a decidir si quería reconstruir, restaurar, reinventar, resignificar. No se abrió la puerta a una conversación honesta sobre seguridad, sobre viabilidad técnica, sobre escenarios posibles. Se eligió la salida más fácil: tumbar. Pero lo fácil suele ser lo menos responsable.

Demoler es un verbo que pesa. Derrumbar, destruir, desaparecer, arrancar. Cuando se usa contra un espacio patrimonial, ese verbo se vuelve una herida. Una herida que habla del abandono institucional, de la falta de escucha, de la incapacidad de reconocer que la cultura no se mide en términos utilitaristas. Y cuando una comunidad queda con la sensación de que se llevó a cabo un acto de fuerza, un acto sin consulta, un acto sin respeto por lo simbólico, es porque lo fue.

La demolición de la Casa de la Cultura de Sopetrán no es un hecho aislado: es una advertencia. Es la demostración de cómo se maneja el patrimonio en muchos municipios: como una molestia, como un estorbo, como algo que hay que eliminar para “progresar”. Pero progresar no es destruir. Progresar es transformar con sentido. Es incorporar la memoria, no barrerla. Es reconocer que la identidad también es infraestructura. Y que destruir esa infraestructura simbólica deja a los pueblos un poco más solos, un poco más desarraigados.

El patrimonio es más que tapias viejas. El patrimonio es la forma en que un lugar se reconoce a sí mismo. Es lo que hace que alguien pueda decir “este espacio me pertenece porque yo le pertenezco”. Es lo que permite que las generaciones se sientan parte de una continuidad. Y por eso, cuando se destruye sin cuidado, sin conversación, sin transparencia, se produce una fractura que no arregla ningún proyecto nuevo, ninguna inauguración, ningún render bonito.

Sopetrán merecía otra cosa. Merecía un proceso digno, abierto, sensible. Merecía sentir que su memoria era importante. Que su patrimonio valía más que un decreto. Que lo que se destruye no es solo un edificio, sino una forma de habitar el territorio. Merecía una conversación. Merecía una explicación. Merecía respeto.

Porque al final, eso es lo que está en juego aquí: respeto. Respeto por la historia, por la cultura, por la comunidad. Respeto por lo que significa un espacio que ha acompañado la vida de un pueblo. Y cuando ese respeto no está, cuando se actúa desde la imposición, desde la decisión unilateral, desde el silencio administrativo, no se destruye solo una casa: se destruye un vínculo.

Y los vínculos, cuando se rompen, cuestan años reconstruirlos.